La calle como espacio del goce: Calle de barrio durante el día de la Verbena de San Juan. Barcelona, España. Pedro Jiménez, 2017.

Para hacer una revolución urbana verdadera que contribuya en la transformación de la sociedad y de la vida, no bastará solo con dignificarla sino habrá que conducirla en otro sentido, cambiándola. Siguiendo la teoría y ‘tradición’ lefebvriana, el desafío de esta era nos obliga a pensar otra sociedad en otro espacio; a intentar traspasar unos límites históricamente instrumentalizados por la codicia de supervivencia del capitalismo. En la actualidad, estos límites están situados en la reproducción de las relaciones de producción neoliberales (relaciones sociales que van más allá de la crisis del proyecto neoliberal tal como lo percibimos). En efecto, si Ecuador quiere forjar la transformación y sumar en esta lucha civilizatoria, requiere otro marco político del espacio. No será suficiente la proclamación del derecho a la ciudad o de un hábitat seguro y saludable. Tampoco es suficiente la voluntad de solucionar el ‘problema’ del déficit cuantitativo de vivienda (así lo hagamos), u otras propuestas como incentivar la recuperación estatal de suelo público, o promover el comunitarismo pero en nuevos guetos. En primer orden, es fundamental ponernos de acuerdo sobre la necesidad de erigir un bloque de políticas del espacio social con dos objetivos principales: 1. Frenar hasta revertir el desarrollo geográfico desigual realmente existente. 2. Reemplazar las relaciones de propiedad por las nuevas relaciones de apropiación, uso y goce del espacio/en el espacio. Tales objetivos nos obligan a definir una primera etapa con segmentos específicos y otros concurrentes destinados tanto a la producción del nuevo espacio social, como a la evolución del espacio social producido. No obstante, dicha etapa preparará el siguiente momento autogestionario.

En segundo orden, partimos de varias consideraciones esenciales: a) Que el espacio es un producto social, por tanto político y estratégico. b) Que tanto el espacio social de nuestras ciudades como el territorio nacional se constituyeron en su génesis colonial y se han desarrollado históricamente en la forma estructurante centro-periferia, desatando su realidad actual: fragmentado, homogeneizado y jerarquizado. c) Que el gobierno nacional durante los últimos años, en su afán por transformar el Estado, se ha preocupado por crear 8 centros adicionales (coincidentes con las zonas de planificación y gestión desconcentradas) en proceso de formación: Guayaquil, Cuenca, Loja, Ibarra, Tena, Ambato, Montecristi y Milagro. d) Que las fórmulas actuales de distribución de las rentas a municipios también han intensificado la desigualdad en los territorios. e) Que el Estado se ha dotado de instrumentos e instancias útiles, desde la misma Constitución (2008), los Planes nacionales de desarrollo, el Código (COOTAD), la Ley del Suelo, las nuevas Consejería de Hábitat y Superintendencia de control de uso del suelo, las subsecretarías de planificación zonal, la Ley de regulación de plusvalías, el programa de economía social y solidaria, etc. f) Que la escala de las políticas en los niveles provincial, municipal y parroquial, sostienen y reproducen las relaciones clientelares en detrimento de un desarrollo equilibrado. g) Que la voluntad de transformar el Estado es sólo un medio para conseguir transformar la sociedad como tal. h) Que ‘mejorar’ la vida de los pobres o dignificarla, no implica su transformación accidental en la dirección deseada. Si al hacerlo, el Estado condena a las clases populares a un futuro segregado y rentista, a saber insostenible para las siguientes generaciones, habrá fracasado en su intento revolucionario.

A partir de este examen general, se plantean un conjunto de recomendaciones, capaces de penetrar –desde arriba y abajo– varias capas institucionales, para su reflexión, y fundamental debate en el diseño e implementación de una política radical del espacio social en Ecuador. Valga advertir que estas recomendaciones sólo alcanzan una propiedad doble de transversalidad-multiescalar. Superando su inusitado encadenamiento, no responden a ninguna lógica especializadora más que a una ciencia del uso del espacio al servicio de lo posible.

Empezamos por la exigencia de suplantar la ambigüedad del principio reformador recogido en la función social del suelo, por lo revolucionario de avanzar hacia la restauración del predominio del uso de la tierra. En el caso ecuatoriano, a pesar de haber transcurrido 10 años del gobierno de la revolución ciudadana, no se puede descartar, incluso radicalizando los procesos, que la concreción de una transformación media pueda tomar una década más. En medio de esta incertidumbre, creemos que el Estado debe acompañar necesariamente durante la primera etapa (aprendiendo con la gente) la cogestión del suelo y de los recursos naturales, esto es hacer pedagogía social. Además, tiene la responsabilidad de promover la asociación y la organización, preparando las condiciones para la autogestión por parte de la comunidad. En términos amplios la autogestión no será únicamente de la propiedad, la construcción u otros recursos, sino de la reproducción y la vida colectiva en si misma.

Parte de la tarea ejecutiva y legislativa, al abrir la llave de la inversión, es que los presupuestos públicos nacionales y municipales prioricen el contraflujo periferia-centro, sobre todo en el espacio social producido. Atendiendo en todo momento a las periferias de los nuevos centros nacionales y a las periferias de los distritos que actuarán como nuevos centros dentro de las ciudades. Del mismo modo, la fórmula de distribución de la renta, del Estado central a los municipios, debe incluir un factor de desigualdad territorial o en su defecto una variable de justicia espacial, para que exista auténtica (re)distribución.

En otro aspecto fundamental, creemos que bien el Código y/o la Ley deben incorporar con más firmeza desincentivos a la parcelación (lotización), es decir, a la fragmentación generalizada del suelo. En esa dirección, tomando en cuenta el efecto de justicia(1) en el acceso a la vivienda creado por la Ley de Plusvalía, es necesario perfeccionarla para corregir la posibilidad de acumulación por especulación en urbanización y en vivienda a través de lobbies nacionales o transnacionales entre actores privados (inversionistas) y públicos (funcionarios).

Para avanzar hacia una descentralización real, radical en Ecuador hay que definir un nuevo marco de re-escalamiento de la política. Empezar por poner atención en la redistribución de poder, no únicamente de la responsabilidad competencial con recursos financieros, siendo esta la fórmula perfecta del clientelismo estructurado sobre la base electoral de una endeble democracia representativa(2). Para esto hay que revisar con detalle los mecanismos de contención del poder y los dispositivos centralizadores tanto en lo orgánico y legislativo, como en lo presupuestario. Además, dicho re-escalamiento se comprende a partir de un nuevo espacio social hipercomplejo, multi-escalar, con una multiplicidad de capas, y que no se delimita en la escala administrativa y política fijada, menos en la planificación tradicional; sino que se entrecruza o yuxtapone en todos los casos. De ahí la importancia de propuestas como la mancomunidad, pero también de la idea de ciudad como un terreno de mediación inter-escalar y no otro centro urbano de acumulación de capital, poder y violencia. En esta dirección, es necesario el reemplazo progresivo de las escalas administrativas o tratos barrio-parroquia, parroquia-ciudad y parroquia-provincia, por las políticas de escala: barrio-distrito, distrito-ciudad, y ciudad-mancomunidad o zona.

La posibilidad de transformación de las relaciones en el espacio social producido es más difusa, sin embargo, entre reguladores y controladores del uso del suelo, nunca sin los vecinos –aún, si son pocos los que quedan– deberán impulsar la des-programación de los espacios de consumo: a) regulando los flujos de inversión urbana salvaje; b) promoviendo el consumo de proximidad en los intersticios entre lo público y lo privado; c) rehabitando mucho del espacio cedido al comercio, subordinándolo al habitar –sin que una actividad desaloje a la otra– y; d) posibilitando la realización del goce principalmente en las calles, los espacios de representación y el espacio privado. Parte de una estrategia para rehabitar los antiguos centros, afectados principalmente por el efecto de implosión-explosión, es buscar acuerdos con los programas públicos de vivienda; con la finalidad revolucionaria de monumentalizar socialmente aquellos espacios de representación. Llenarlos de apropiación vecinal, ¡no de industria turística!

Siempre defenderemos un plan de producción del habitar en comunidad, y no del hábitat como una función asignable del urbanismo moderno altamente recomendada por agencias supranacionales. El Plan que impulsa el gobierno debe buscar una densificación relativa que combata el modelo de dispersión de la urbanización privada. Es posible plantear –en esta etapa– la convivencia de más de una clase social (evitando la conformación de guetos) con el objeto de establecer nuevas comunidades urbanas hechas por y a pesar de sus diferencias. Es indispensable favorecer la diversificación de la oferta de vivienda en régimen de propiedad colectiva, cooperativa, comunal, etc. No olvidar la promoción de la vivienda en alquiler social. Apuntalamos la importancia de reducir sustancialmente el fomento público de la propiedad privada y la ampliación progresiva del suelo público, pero con la perspectiva de que en la segunda etapa (a mediano plazo) pase a ser gestionado por la propia comunidad.

¿Quién financia el programa? Si lo hace el Estado, sector privado, bancos, o entidades internacionales, o quien fuere, deberá hacerlo bajo un principio de inversión social. Sobre la base del funcionamiento de éstos planteamientos. ¿Quién contrata? Una comisión tecno-política transdisciplinar para el habitar en comunidad. ¿Quién programa y diseña el espacio? Universidades, colectivos y usuarios. ¿Quién construye el espacio? En la primera etapa, el sector privado junto a diseñadores y usuarios, siempre, bajo los fundamentos que se discuten en estas recomendaciones.

En tercer orden, pero no menos importante en apego a los objetivos principales, planteamos la des-homogeneización del espacio urbano-arquitectónico, primero del espacio institucional estandarizado y atravesado por modelos de planificación de predominio economicista y luego de los espacios de ‘creación’ arquitectónica, en ambos casos sometidos al orden funcionalista, estructuralista o formalista en alabanza a la dictadura del ojo, que buscan dominar en todos los casos al espacio y tiempo vividos (siempre sin conseguirlo). Así, la infraestructura institucional debe dar el salto de lo ‘socialmente necesario’ a lo socialmente producido, sin que lo primero sea descuidado. En el mismo sentido, la creación arquitectónica debe volver a reflexionar los códigos en las escuelas y aprender a imaginar-crear con el que habita (a partir de su cuerpo y sus deseos), en un ejercicio de transdisciplinariedad continua con las ciencias sociales y la realidad humana. El desarrollo y aplicación de los conceptos permitirán expresar una arquitectura y un urbanismo diferenciales, orientadores en el proceso de diseño del espacio para estimular la producción de las diferencias máximas y no la inducción de diferencias mínimas. Esta profundización conceptual prioriza la superación de las contradicciones fundamentales para cada caso, de la mano de un estudio de los espacios capaces de preparar y guiar la realización del goce. No olvidemos que los lugares no tienen manera de dar a los seres lo que sólo puede venir de ellos mismos, ‘la vitalidad conocida como deseo’. De igual forma, recordamos que un sitio del goce, asume la presencia de cuerpos, los hace disponibles por desprendimiento de cualquier obstáculo que lo impida.

Esta estrategia debe tener siempre presente algunas de las palabras aleccionadoras en la teoría de Lefebvre (1973) para el arquitecto, tanto en el momento del espacio-análisis, como en el momento de la imaginación y la creación de nuevos espacios: el arquitecto valorará lo multifuncional y lo transfuncional en lugar de lo simplemente funcional. Dejará de fetichizar (separadamente) la forma, la función, y la estructura como los significados del espacio. En lugar de la idea formal o más bien formalista de la perfección, el arquitecto la sustituirá por la idea de la perfección incompleta (la cual se persigue, se busca en la práctica), o, en todo caso la del estado incompleto perfecto, la cual descubre un momento en la vida (expectativa, presentimiento, nostalgia), proporcionándole una expresión mientras hace de ese momento un principio para la construcción de ambientes favorables para el urbanismo diferencial. “No es a través de la forma sino del contenido… que el arquitecto puede influir en la práctica social”

(1) Al no existir aún una valoración cuantificada de los beneficios, se observa de manera empírica la reducción de un 20-25 % en los costos del alquiler en el área metropolitana de Quito, a través de los medios de comunicación y la información disponible en asociaciones inmobiliarias y plataformas virtuales de alquiler.

(2) La democracia representativa y sus espacios instrumentales en la ciudad como dispositivos de re-producción de las relaciones de producción neoliberal, el caso de Concejos cantonales y Juntas parroquiales. El manejo de espacios de poder político bajo el sistema clientelar reproduce las relaciones de dominación (cooptación, explotación) y de dependencia (política económica institucional). La principal consecuencia, a raíz de la atención diferida de las demandas y la ‘sacrificada’ inclusión en los presupuestos, es el cobro del favor político, por intermedio de dirigentes barriales u otros órganos subalternos propios del sistema (por ejemplo: el trato Prefecto-Presidente de Junta) lo que permite la cooptación de la organización, de su movimiento, su pulsión colectiva o comunitaria. En el caso de los concejales, como se devela en el MDMQ, la repartición inorgánica y administrativamente conflictiva de espacios de poder, garantiza la fuerza estructural en la institución para imponer la agenda partidista y la distribución territorial de las cargas de cooptación y explotación. Todo esto en nombre de la democracia.