Más allá del cálculo de arquitectos, urbanistas y profesionales de la construcción, algunos al descubierto en sus cuentas de redes sociales, casi todos calladitos desde el despacho o el aula, ¿cuándo la vivienda dejó de ser el hogar, el lugar de habitar y se convirtió en el espacio de negocio de unos pocos?

Promotores inmobiliarios de vivienda en particular, cámaras de comercio y construcción en general, así como políticos e inversionistas con intereses comunes a los anteriores, desnaturalizan y degradan la “función” de la vivienda. Ellos aseguran que la vivienda para el ecuatoriano promedio es un símbolo de estabilidad y una oportunidad de inversiones, de capitalizar ahorros y de asegurar el futuro y mejores condiciones de vida para la familia. A partir de allí, todas sus tesis de oposición a la nueva Ley de Plusvalía son ideologizadas, interesadas y tecno–lógicas. El espacio abstracto y mercantilizado que defiende esta clase poderosa y minoritaria de la sociedad, y en el que pretenden que vivamos, es su espacio de negocios, mediante el cual, pocos, muy pocos se enriquecen extraordinariamente. Algunos profesionales de la construcción incluso acusan a los hacedores de la Ley de desconocer el fenómeno inmobiliario –quizá hasta tengan razón. Yo me pregunto ¿cuánto debemos esperar para que estos profesionales –probos expertos inmobiliarios– diseñen una ley que regule la gestión de plusvalías? ¡Nunca lo harán! Es evidente que la Ley tendrá como cualquier norma, la posibilidad de perfeccionarse y ajustarse, primero en los debates asamblearios, luego en la práctica y su aplicación diaria.

La Ley permite las ganancias ordinarias y extraordinarias (regulándolas), NO hace ningún efecto para quienes [tienen] que vender su casita (por una vez), también establece una transitoria que segmenta en el tiempo las diferentes opciones de transferencia de los bienes. Tanto como, no debemos dejarnos confundir por quienes controlan el mercado inmobiliario, es fundamental no dejarnos alienar como sociedad. Las personas que adquieren una casa, la compran con la ilusión de vivir en ella, de habitarla, de usarla, de disfrutarla y tener una vida privada digna con su familia, o en solitario. Además, no todos pueden comprar una, mucha gente vive de alquiler y estoy seguro que lo hacen buscando exactamente lo mismo, es la naturaleza humana.

En cualquier caso, quienes tengan la intención de hacer un negocio del suelo y su edificación, ¡podrán hacerlo como siempre! Sólo que ahora, el mercado empezará a regularse y parte de su legítima y abultada ganancia será redistribuida nuevamente a la sociedad. En mediano plazo, veremos resultados: esperamos en principio el incremento del acceso a la vivienda de precio justo, razonable, equilibrado; ya no disparado por los efectos de la especulación y externalidades mediadas casi siempre por la magia de los bienes raíces. A largo plazo, apostando por una política pública desde abajo y una democracia directa, será posible facilitar el acceso a la ciudad, el ejercicio real del derecho a la vida urbana (en proceso de transformación)

En efecto, los resultados fruto de la redistribución también permitirán avanzar en la corrección de las desigualdades entre los eternos propietarios de la tierra y los que nunca serán propietarios de nada, porque así es la vida, y no pasa nada… Finalmente, si se consigue que una parte del excedente de capital de los inversionistas ya no vaya directamente al ladrillo, se evitarán crisis inmobiliarias como la que en 2008 azotó al mundo y que se encuentra en proceso de desplazamiento; en contrapeso —para quienes se preocupan tanto por la pérdida de empleos debido a la amenaza de siempre de desinversión privada— es necesario intensificar la promoción, diversificación y financiamiento de construcción publica, pero de alta cualificación. ¡Ese si es un desafío!

Sólo hay un futuro urbano para todos y la Ley abre esa posibilidad. El camino será muy duro.